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Unos 900 «niños de Chernóbil» pasan sus vacaciones con familias españolas

Cristina Lladó

Madrid, 10 jul (EFE).- Unos 900 niños de Bielorrusia y Ucrania pasan en España sus vacaciones de verano para «desintoxicarse» y afrontar con más fuerza una vida cotidiana rodeada de la radiactividad que aún pervive en la zona afectada por la explosión de la central nuclear de Chernóbil hace 32 años.

La solidaridad de las familias españolas que los acogen por 45 días cada verano ha supuesto que, desde 1990, más de 76.000 niños de la región más afectada por la explosión del reactor 4 de la central hayan pasado sus vacaciones en España, jugando en parques, bebiendo leche y comiendo hortalizas y frutas sin miedo.

Son datos de la Federación Pro Infancia Chernóbil, que reúne a más de 30 colectivos y organizaciones españolas que coordinan la acogida de niños de Bielorrusia por familias de todo el país tanto para «estancias de sanación» en verano y navidades, como para temporadas más largas que permiten a los niños cursar sus estudios en España.

«Somos el tercer país del mundo que más niños ha acogido, solo por detrás del Reino Unido y Alemania, y muy especialmente desde 1990, cuando se ponen en marcha decenas de grupos solidarios, muchos de los cuales siguen funcionando», asegura a Efe Nieves Sánchez Venega, una madre de Huelva que comenzó recibiendo a niños bielorrusos en su casa y ahora es presidenta de la federación.

En España, las vacaciones organizadas para niños de Chernóbil, tanto de Ucrania -donde está la central nuclear- como de Bielorrusia -la zona más afectada por la radiación- comenzaron con fuerza en 1990, tras la caída de la Unión Soviética.

Al principio llegaban unos 9.000 al año, hasta que en 2008 los recelos de las autoridades bielorrusas intentaron poner fin a las salidas, sobre todo de los niños de más de 14 años, con la «excusa de que ya no había riesgo y el argumento de que los estábamos corrompiendo y no era aconsejable que salieran», explica Sánchez Venega.

Fue entonces cuando, aconsejadas por el cónsul general de España en Moscú (de quien dependía Bielorrusia), las organizaciones españolas se unieron para crear una federación que les diera más fuerza negociadora.

«Costó sudor y sangre, pero gracias al cariño, trabajo y a la lucha de este señor logramos que se firmara un acuerdo entre España y Bielorrusia que detallaba cómo seguir con las acogidas veraniegas de los niños», explica Sánchez Venega.

Y es fue el diplomático Jesús Atienza, entonces cónsul general de España en Moscú, el gran impulsor y «pieza clave» de la negociación.

En conversación con Efe, Atienza recuerda que «no fue fácil tratar con el Gobierno bielorruso, que garantizaba que no había ningún tipo de riesgo en la región, aunque todos sabíamos que la realidad era un poco más difícil».

«La actitud de las autoridades era un poco ambivalente porque para ellos era el recuerdo permanente de unas circunstancias que preferirían olvidar y la demostración de su incapacidad para resolver los problemas de sus propios ciudadanos», recuerda.

Al final se logró y, desde septiembre de 2009, España y Bielorrusia tienen un acuerdo que facilita la llegada de los niños de vacaciones o para temporadas de estudios.

El único lamento de Sánchez Venega es el gradual descenso en el número de niños que veranean en España: si los primeros años tras el accidente llegaban «algo más de 9.000 al año, ahora estamos entre los 800 o 900, no más», dice confiada en que la popularidad de la exitosa serie sobre Chernóbil emitida por la plataforma de HBO haga recuperar el interés y restaure la generosidad de las familias españolas.

«El desconocimiento de lo ocurrido y sus secuelas de largo alcance y los cero euros de ayudas que recibimos ha hecho bajar mucho el interés, y así hemos pasado de recibir unos 1.000 niños solo en Andalucía, a los 200 de este año», explica.

También Begoña Garay, presidenta de Acogida de Niños Bielorrusos (Acobi) del País Vasco, lamenta las escasas ayudas y las dificultades para encontrar familias dispuestas a brindar un verano saludable a estos niños.

En conversación con Efe, Garay reconoce que el proceso «no es fácil»; a los en torno a 900 euros que cuesta traerlos se une lo complicado de acreditar a las familias acogedoras.

«Necesitan decenas de papeles: permisos, certificados de penales, de empadronamiento, documentos que acrediten su buena fe, moralidad, transparencia…, pero es que los niños son menores y tienen que estar bien protegidos», explica.

Garay, quien ha viajado en numerosas ocasiones a Bielorrusia, también confía en que el éxito de la serie de televisión «vuelva a animar las familias a acogerles y volvamos a ver las cifras de las épocas buenas principio», dice. EFE

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